La ley arrincona a Über
Über no es una plataforma de consumo colaborativo cualquiera. Una aplicación que permite a los particulares ofrecer su vehículo como medio de transporte colectivo; que cuenta con el respaldo de Google y el Banco de inversión Goldman Sachs y un valor de capitalización de más de 32 mil millones de euros y presencia «asentada» en más de 250 ciudades de 52 países de todo el mundo.
El consumo colaborativo es una nueva manera de entender los hábitos de consumo al avanzar desde un consumismo individualizado basado en la propiedad de las cosas hacia nuevos modelos de acceso a bienes y servicios sin necesidad de ser propieatario de los mismos.
En enero de 2014 la Unión Europea redactó un dictamen para regular el consumo colaborativo, que valoraba de la siguiente forma: «El consumo colaborativo representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además supone una solución a la crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en caso de necesidad».
Este nuevo motor económico valorado por el MIT en 110.000 millones de dólares (actualmente se calcula que su capitalización se acerca a los 56.000 millones) nace como respuesta a un modelo económico fallido y las consecuencias que ha tenido. Leíamos en El País: «El 40% de los alimentos del planeta se desperdicia; los coches particulares pasan el 95% de su tiempo parados; en Estados Unidos hay 80 millones de taladradoras cuyos dueños solo usan 13 minutos de media, y un automovilista [sic] inglés malgasta 2.549 horas de su vida circulando por las calles en busca de aparcamiento».
España se ha convertido en otro del cada vez más numeroso grupo de países que han puesto freno a esta expansión. Y esto no sería problema si ese «problema» fuese algún tipo de trámite administrativo o alguna denuncia de particulares o consumidores descontentos con su uso. El problema es que ese «problema» tiene más que ver con la legislación existente sobre las licencias administrativas necesarias para desempeñar diferentes actividades.
El pasado día 9, el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Madrid decretó la suspensión cautelar de la actividad de Über en todo el territorio nacional. Lo hace en respuesta a la solicitud de la Asociación Madrileña del Taxi, que fue quien presentó la demanda en ese Juzgado.
Desde el otro punto de vista, muchos analistas consideran que lo que le toca ahora al legislador es regular este nuevo sistema de comercio; porque su desarrollo es ya imparable.
Va a ser muy difícil (por no decir, simplemente, imposible) que la legislación actual ponga freno a este tipo de iniciativas de comercio colaborativo; simplemente, por defender los derechos «gremiales» de uno o varios colectivos.
Se puede exigir, eso sí, que los servicios prestados por estos «particulares que comparten» su vehículo, su casa o su oficina; sean los mismos (o similares) a los que ofrecen los profesionales de esos sectores; en cuanto a formación, seguros, higiene, accesibilidad, profesionalidad…
Pero lo más urgente es que esos colectivos comiencen a utilizar esas mismas armas a la hora de defenderse: visibilizar a través de la red esa formación, seguridad o higiene; en lugar de defender la obligatoriedad de una licencia o del alta administrativa en la Seguridad Social y Hacienda.