Ada Colau: «Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas»

La noticia saltaba en una entrevista publicada en El Pais a la nueva, si los pactos así lo permiten, alcaldesa de Barcelona.

La perla que regaló semejante titular al periodista fue la respuesta a la pregunta de si, para obtener el apoyo de ERC se impone la Consulta sobre la Soberanía de Catalunya, tal consulta es impugnada por ilegal. La pregunta y respuesta, concretamente, fueron:

P. ¿Qué harán si se les impugna esta consulta?

R. Defenderemos que se puede hacer. Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen. Pero lo irrenunciable ahora, cuando la ciudadanía pide un cambio es que la última palabra la tengan los ciudadanos. Si queremos relegitimar nuestras instituciones y yo lo quiero firmemente y la mayoría de la gente lo que quiere tener más y mejor democracia es inapelable que la gente pueda tener la última palabra en grandes cuestiones.

Ocurre que, además de a este tema en concreto, la respuesta puede repartirse como idea general a muchas otras que da en la misma entrevista, como la idea de priorizar las relaciones con los bancos que no ejecuten deshaucios.

La desobediencia civil se puede practicar, pero tiene consecuencias. La idea es calibrar muy bien esas consecuencias: las leyes son de obligado cumplimiento, independientemente de la valoración política que se pueda hacer de ellas. En este sentido, cualquiera que se sienta atacado por una decisión que imcumple alguna ley, puede solicitar la protección de los juzgados para hacer valer sus derechos; pese a que tales derechos puedan ser considerados «injustos» por una mayoría de la población.

El poder político (y el judicial) tiene la capacidad y la metodología para cambiar las leyes. Tiene, incluso, el mandato de los votos para hacerlo. Pero no puede salirse de las reglas del juego.

Es un poco lo que pasa con esas leyes «antidesahucios» que el Estado tiene recurridas en el Tribunal Constitucional. En concreto, la Ley Andaluza de abril de 2013, que apoyaba la expropiación de las viviendas subastadas provinientes de desahucios por impago de hipotecas o créditos bancarios otorgados por entidades rescatadas con dinero público; y que el Tribunal Constitucional ve «ilegal» por interferir en competencias exclusivas del Estado, como son las Leyes Hipotecarias o de la protección de los Deudores (Segunda Oportunidad). Un tecnicismo que significa tiempo y esfuerzo, muchas veces, para aquellos que ya no lo tienen y a los que no se les puede pedir más.

No son los políticos los que evitan el desahucio de las personas. Somos los abogados…

No es un debate ideológico, sino de objetivos. Esos objetivo deben ser alcanzables y para alcanzarlo debe haber un camino legal para hacerlo. Después es ponerse a andar.

Si no, dejamos a la gente en una especie de limbo… esperando a que los jueces de los jueces resuelvan cuestiones políticas cuando ese no es su cometido.