Un correcta estructura societaria

Crear una sociedad es redactar unos estatutos, ponerle un nombre original e inscribirlo todo en los registros correspondientes y en Hacienda. Esto es una verdad a medias; porque, en realidad, una sociedad no es más que una pieza de un puzzle que ahora salta a la actualidad «de los juzgados» con el nombre de «estructura societaria» a través de las que muchos famosos se han pillado los dedos.

Pero una «estructura societaria» no es algo ni bueno ni malo; ni mucho menos ilegal. Es un instrumento útil para muchas cosas que hay que saber utilizar y, sobre todo, saber modelar para canalizar a través de ella los riesgos que las empresas se ven obligadas a asumir.

Por ejemplo (y perdonad que utilicemos ejemplos) una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de productos, haría muy bien en separar la parte de fabricación y la de distribución en dos sociedades distintas. Incluso habría una tercera para la parte de diseño. Esto es así porque puede ser que con el tiempo se quiera externalizar la distribución (seguimos con el ejemplo) u optar a una beca o subvención con la sociedad de diseño y desarrollo para la que podrían no cumplirse los criterios económicos.

Otra buena práctica de las estructuras societarias es la de crear empresas filiales que se dediquen a la gestión de determinados clientes; de forma que un posible impago de uno o varios de esos clientes no afecten a la cuenta de resultados del grupo en su conjunto o de la empresa matriz.

Del mismo modo pero visto desde el otro lado, un buen ejemplo de gestionar los posibles impagos propios es la creación de empresas filiales que gestionen las relaciones con proveedores o con autónomos. Es muy importante que una empresa tenga cierto margen de maniobra ante la caída brusca de los resultados; y eso lleva a la necesidad de no afrontar los costes laborales como costes fijos.

Todas estas medidas lo que hacen es mostrar la necesidad de analizar los riesgos «futuros» de toda actividad económica y responder ante ellos con las herramientas que proporciona la Ley y el Ordenamiento Reglamentario correspondiente.

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